Narcoviolencia

David Saucedo

Por:David Saucedo Torres.

Solo los muertos han visto el final de la guerra
Platón

Uno de los mayores orgullos del sistema político mexicano durante años fue proclamar a voz en cuello que a diferencia de otras naciones de América Latina, en México se podían respirar un aire de relativa tranquilidad social. No era un hecho despreciable si tomamos como referente la larga noche de violencia que vivieron varios países de de centro y Sudamérica, azotados por la confrontación política, guerrillera y contrainsurgente.

Por supuesto, el fantasma de la excepcionalidad mexicana, que cautivó por igual a políticos e intelectuales durante décadas,

se ha ido desvaneciendo a la luz de la espiral de violencia protagonizada por los carteles de la droga, pues incluso los brotes guerrilleros surgidos en el pasado no constituían un precedente de significación. Casi todos ellos fueron neutralizados con relativa facilidad y eficiencia y nunca representaron una amenaza seria para el funcionamiento de las instituciones del Estado. No estamos más en esta circunstancia. Hoy en día atravesamos, ciertamente, por un momento político diferente.

Esta violencia ha inspirado toda suerte de tesis explicativas adoptadas y asumidas como propias tanto por los estrategas de la actual política antidrogas, como por sus críticos más acérrimos. Pasemos revista brevemente a las distintas concepciones que hay sobre el particular:

Asumiendo que los principales responsables de la ola de violencia y asesinatos son los propios barones de la droga, en una suerte de guerra de pandillas, hay distintas opiniones sobre el sentido y origen de esta violencia. Por un lado están quienes advierten que las ráfagas de sangre y fuego se deben fundamentalmente a la confirmación de un cambio estructural de la situación de las drogas en México. Como resultado de la transformación de México de un país de paso y transporte  de drogas, a un país consumidor. Siguiendo esta interpretación, las bandas del narcotráfico estarían peleando las zonas geográficas para la ubicación de puntos de venta y centros de almacenaje; reclutando vendedores al menudeo, eliminando a los de la competencia y comprando la protección de las policías locales. Ello por supuesto, de la única manera en la que saben hacerlo: con plata o plomo.

Sin embargo hay quienes refieren que el quid del asunto no está en la disputa territorial de manzanas y colonias de la clase media y media baja, sino en la consolidación territorial y la definición de “líneas de frontera”. Prescindiendo del estatus actual del consumo de drogas en México, la ola de violencia, en realidad tendría su origen en una estrategia de “fusión” y consolidación de los carteles. Es decir de la consabida y conocida fórmula aplicada de las década de los cuarenta por la mafia italoamericana en los Estados Unidos: eliminar a los peces pequeños, dividir al país en zonas de influencia y definir términos de intercambio para las transacciones.

Palabras más, palabras menos, la lógica que inspira esta estrategia es la de transformar al negocio de las drogas en un “negocio respetable”, alejado de los reflectores, de las primeras planas, de la atención del Estado. Pero antes de llegar a este punto hay que deshacerse de los violentos, de las bandas de delincuentes transformadas de la noche a la mañana en empresarios de la droga, de los “loquitos”, de los improvisados, etc. No es una idea descabellada. Ambiciosa, quizá, pero con una lógica impecable. Pero parafraseando a Maquiavelo, nada de esto será posible si no se respalda a las buenas ideas, con las buenas armas. Es decir, si no consolidan los “monopolios regionales”  que requiere un manejo ordenado de los estupefacientes.

Bajo este supuesto, nos encontraríamos frente a carteles de la droga fuertes, articulados y con un claro sentido de la oportunidad. Un poco rudos en la manera en la que tratan de resolver sus diferencias, pero que una vez afianzados en sus bases territoriales impondrían una paulatina paz entre ellos, que permita el florecimiento y expansión del negocio.

De acuerdo con esta tesis, los operativos instrumentados por el Gobierno Federal sí habrían afectado a las bandas del narcotráfico en México. Pero no de un modo que inhiba su operación, sino debilitando a algunos carteles y a otros dejándolos intactos. Los desequilibrios provocados habrían sido el detonante de una guerra en la que por omisión o comisión, las fuerzas federales habrían entrado en el ajedrez de los carteles. Es, toda proporción guardada, algo como lo que sucedió con el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, en Colombia.

Sin embargo, otra explicación más o menos consistente sobre el estado actual de la violencia producto de la actividad del narcotráfico es aquella que da cuenta de un enfrentamiento real entre los narcotraficantes y el  gobierno mexicano. En este escenario el gobierno federal estaría librando una batalla sin cuartel en contra de todos los capos de la droga, en todos los frentes y todo el tiempo. La escalada de violencia sería entonces una reacción concertada de los carteles en contra del Estado mexicano. De sus hombres y de sus instituciones.

De este modo, la contraofensiva del narco estaría buscando dos cosas. En primer lugar, por medio de una serie de asesinatos selectivos de altos mandos de las fuerzas de seguridad, de efectuar ajusticiamientos en zonas aparentemente bajo control de la PFP y del financiamiento de movilizaciones ciudadanas en contra de los “abusos y excesos” de policiacos, provocar una retracción de los operativos y despliegues de las fuerzas federales. Pero también es posible que parte de la violencia generada por el narco tenga un fin “táctico. Es decir, que ciertas acciones emprendidas por sus escuadrones sea para dirigir estos mismos operativos y despliegues a las zonas controladas por la competencia, para bajar la presión sobre ciertos puntos o para provocar la dispersión de los efectivos encargados de perseguirles.
Siguiendo este enfoque, el gobierno de Felipe Calderón habría hecho suyas dos proposiciones que sus antecesores habían tratado de esquivar por todos los medios. Uno: la “integralidad” en el combate a las drogas; y dos: solicitar ayuda del exterior.

Aún no es del todo claro cuál de estos escenarios es el que estamos enfrentando actualmente. Y en ausencia de datos e información del gobierno federal en torno a las acciones de sustancia que darían vida a un enfoque totalizador (acciones para disminuir el tráfico de armas, el lavado de dinero y para encarecer los precursores y sustancias para el procesamiento de la droga) parecería que la apuesta final y piedra de toque proviene, no de la residencia oficial de Los Pinos, sino directamente de las oficinas ubicadas al costado del Potomac, en Washington.